La justicia española mputó a Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos, por presuntas irregularidades en la gestión del Instituto Nóos, una fundación sin fines de lucro que creó y presidió entre 2004 y 2007.
El juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, citó para el 6 de febrero como imputado a Urdangarin, duque de Palma y esposo de la infanta Cristina, hija menor del monarca español, según detallaron fuentes jurÃdicas. También llamó a declarar el dÃa 5 de enero como imputados al socio de Urdangarin, Diego Torres, asà como a otros cargos del Instituto Nóos.
Urdangarin es investigado por su presunto enriquecimiento con millones de euro de fondos públicos a través del Instituto Nóos.
La polémica arrancó cuando el fiscal anticorrupción de la región de Baleares ordenó el registro en Barcelona de las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos, una fundación sin fines de lucro que UrdangarÃn creó y presidió entre 2004 y 2007.
El Instituto Noos, de UrdangarÃn y su socio, Diego Torres, habrÃa servido para recibir fondos públicos de las autoridades regionales de forma fraudulenta.
La investigación se centra en el cobro de 2,3 millones de euros por parte esa empresa privada en función de la organización del Illes Balears Fòrum, un congreso sobre turismo y deportes, que tuvo lugar en 2005 y 2006.
La decisión de la justicia se conoce pocos dÃas más tarde de que el monarca Juan Carlos tomara la determinación sin precedentes desde su entronización en 1975 de apartar de los actos oficiales a uno de sus miembros, el duque de Palma, su yerno.
Aunque el secreto de sumario no se levantó hasta hoy, medios españoles llevan tiempo informando sobre el caso a través de filtraciones.
Ayer, la situación ha llevado a la Casa del Rey a tomar otra decisión histórica: hizo público por primera vez en 32 años cómo reparte el rey Juan Carlos el dinero que recibe anualmente del presupuesto. El paso fue interpretado en España como un ejercicio de transparencia en un esfuerzo por recuperar la confianza que pudiera haber perdido la institución entre los ciudadanos debido al caso UrdangarÃn.
Hasta ahora, sólo era pública la cantidad que el rey percibe anualmente y que, según establece la Constitución, distribuye libremente y en parte entre los miembros de su familia sin tener obligación legal de informar sobre cómo lo hace.
